Aunque la monumental revisión llevada a cabo por Toyota, más de ocho millones de coches afectados en todo el mundo, ha parecido despertar todas las alarmas, estas medidas ni son nuevas ni esporádicas. Sin salirse de EEUU, donde arrancó el problema de la marca japonesa, en los últimos 45 años han sido llamados a los talleres los dueños de casi 400 millones de automóviles, 15 de ellos sólo en 2009. Por poner una referencia, esta última cifra equivale a la mitad de todos los vehículos que circulan por España.
 
Y en Europa, aunque no existe una estadística oficial que acumule esos datos, estas medidas también son corrientes. La UE tiene registrado que, de los más de 1.600 avisos que difundió en 2009 por problemas de seguridad en todo tipo de productos, el 10% fueron de vehículos a motor (por el 15% en 2008). Sólo hubo más de juguetes (más del 30% de los casos) y de electrodomésticos, con 169 avisos.
 
La diferencia entre la riqueza estadística a un lado y otro del Atlántico tiene que mucho que ver con la existencia, desde 1966, de la NHTSA. Son las siglas del organismo que, por ley, vigila por la seguridad vial en EEUU y que no tiene una figura homóloga en el Viejo Continente (ni en España).
 
La NHTSA, casi como un perro de presa, no sólo tiene competencias sobre vehículos de todo tipo, también se ocupa de accesorios como las sillas con las que deben viajar los niños, de las carreteras e incluso de cuestiones relacionadas con los neumáticos. Y no tiene por qué esperar a que un fabricante comunique un determinado problema: puede abrir una investigación a partir de las denuncias de dueños de coches que se creen afectados por un problema de seguridad. E incluso llevar a una marca ante los tribunales si no atiende a sus exigencias. 
 
La línea que delimita su actuación es que el fallo detectado afecte a la seguridad, aunque en algunos casos su maquinaria no se puso en marcha hasta que comenzaron a conocerse accidentes con víctimas, como ocurrió hace una década con el problema que afectó a los neumáticos Firestone y a un todoterreno de Ford. Más recientemente, la primera gran revisión anunciada por Toyota el pasado septiembre, se activó después de un accidente mortal.
 
En Europa, la seguridad es también el límite que obliga a los fabricantes de coches a llevar a cabo llamamientos masivos, de los que no se libran ni las grandes marcas de lujo como Bentley o Ferrari. Solo que no contamos con un organismo de vigilancia similar a la NHTSA. Tampoco en España.
 
Sí existe una ley que obliga a los fabricantes a comunicar a las autoridades y a los afectados cualquier problema detectado y que suponga un riesgo. La Administración sólo interviene si la marca no cumple con su obligación, algo difícil de que ocurra pues la mayoría suelen ir más allá y comunican llamadas a revisión que no afectan a la seguridad. Aunque algunas, como las que suponen una mejora en aspectos como la electrónica que gestiona el motor, se hacen aprovechando las revisiones periódicas.
 
La forma en lo que estos avisos se hacen públicos en siempre la misma. El fabricante transmite el expediente a las autoridades del país y éstas lo hacen llegar a la Unión Europea, que lo valora y difunde a través de su sistema de alerta, conocido como Repax
 
En cuanto al conductor, además de la comunicación directa por parte de la marca, también se recurre a Tráfico, ya que este organismo es el único que dispone del listado con el último titular de un coche que ha podido pasar por varios dueños desde su matriculación. Como anécdota y para que no se rechace el envío creyendo que es una multa, la DGT deja bien claro en el sobre que se trata de una información «muy importante que afecta a la seguridad del vehículo».